El gobierno de Zapatero, como todos los gobiernos del actual régimen, defiende globalmente los intereses del gran capital, financiero y oligopolista. Para satisfacer esos intereses, Zapatero ha ayudado al ladrillo y ha comenzado a paliar el gigantesco endeudamiento exterior de la banca.
¿Quiénes prepararon la catástrofe?
Lo que Rodríguez Zapatero denominó “sistema financiero más sólido del mundo” engloba 358 entidades de diversa condición. De ellas, 151 son bancos; 46, cajas de ahorros, y 85, cooperativas de crédito. Otras 76 instituciones son los llamados establecimientos financieros, que pueden prestar dinero pero no captar depósitos. Entre todas esas entidades ganaron el año 2007 la bonita cifra de 25.800 millones de euros. ¿A cuánto equivalía eso? Al 2,5% de la riqueza que este país es capaz de generar en un año. Suponía un incremento de un 30,7% respecto del año anterior. Pues bien, actualmente, pese a que algunos bancos hayan exhibido alzas de beneficios en 2008, para engatusar a los inversores, ese sector financiero está semiquebrado.
A instigación de los gobiernos de Aznar y Zapatero, y con el respaldo del Banco Central Europeo, los bancos españoles prestaron gigantescas sumas a largo plazo para que un puñado de promotoras, constructoras y grandes inmobiliarias se hiciesen de oro. Esas sumas no salieron del ahorro de los españoles: nuestro sistema financiero impulsó el crecimiento de los préstamos con una base de depósitos que se situaba entre diez y quince puntos por debajo de los créditos. Esa financiación salió de créditos a corto plazo de los bancos europeos, y fue alentada desde 2004 por una bajada de los tipos de interés autorizada por el Banco Central Europeo. A comienzos de 2007, antes de que estallase la crisis financiera internacional, bastó un incremento de los tipos de interés y de la inflación para que pinchase la burbuja inmobiliaria. Los bancos y cajas, totalmente endeudados con el exterior, vieron que sus balances estaban repletos de activos desvalorizados y amenazados por la morosidad.
Los partidos del régimen, en socorro de la finanza
El gobierno de Zapatero, como todos los gobiernos del actual régimen, defiende globalmente los intereses del gran capital, financiero y oligopolista. Para satisfacer esos intereses, Zapatero ha ayudado al ladrillo con una línea de créditos ICO y ha comenzado a paliar el gigantesco endeudamiento exterior de la banca con 250.000 millones de euros. Nuevos planes de rescate de bancos y cajas se están preparando. Y todo esto ha contado y seguirá contando con el apoyo incondicional del PP. Éste sabe perfectamente que ese dinero no irá a las pymes y familias. Como cínicamente expresó Montoro, los planes de rescate son necesarios “para evitar que caigan las columnas del templo de los filisteos". Para que la finanza pueda afrontar su deuda con el capital mayorista europeo. Sólo los bancos y cajas están obligados a rembolsar unos 800.000 millones de euros a los paganos guiris que financiaron la fiesta durante los tiempos de vino y rosas. Por eso han restringido los créditos.
Una fábrica de parados
Al hundirse el ladrillo y frenarse el chorro crediticio, el paro se ha desatado en un flujo irreversible. El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Roberto Centeno ha denunciado la falsedad de los datos oficiales del paro. Y no sólo se trata del maquillaje derivado del “efecto Caldera”, que borró de las estadísticas del paro a los desempleados que realizan cursos de formación. Se trata, además, de que “el paro total es, por definición, superior al paro registrado, pues no todos los parados están inscritos, y en España ha venido siendo un 20% más que el paro registrado”. Es por ello que en este momento el paro total supera los 4 millones y el ritmo de incremento del desempleo es de 2 millones al año, con lo que a finales de 2009 el volumen real parados rozará los 6 millones. En la misma línea se pronuncia otro analista, Fernando Solera, quien augura que terminaremos 2009 con más de 5,5 millones de parados. Esto significa que la tasa real de paro dentro de un año ya no será del 18 o del 19%, sino del 22%.
Soluciones ZP: gasto público electoral
Como hemos afirmado, el gobierno de Zapatero protege ante todo los intereses del gran capital. Pero, en el marco de esa labor de salvamento, debe también asegurar los intereses específicamente políticos del propio PSOE.
Zapatero ha llegado a la brillante conclusión de que “España será capaz de volver a crear empleo cuando se den las condiciones económicas para ello”. Entretanto, de lo único que se preocupa es de adoptar medidas cortoplacistas que le permitan ganar las próximas elecciones europeas y mantener el tipo hasta las generales. Ahí está el plan de inversiones para los ayuntamientos, –cuyos ridículos efectos ya hemos analizado en esta página– que servirá principalmente para poner carteles de autobombo del “gobierno de España”. Y en las actas del Congreso de los Diputados consta la reciente y solemne promesa de Zapatero de que “el Gobierno incrementará la cobertura de prestación por desempleo sea cual sea el número de parados que alcancemos”. Para ello ha decidido una reducción del gasto corriente de la Administración General del Estado y Corbacho ha propuesto una congelación de sueldos a funcionarios con retribuciones superiores a los 30.000 euros. Esto es simple calderilla: los fondos necesarios van a depender esencialmente de la emisión de deuda pública. En suma, Zapatero no espera crear empleo; su máxima esperanza es poder pagar subsidios a los desempleados, y sólo hasta la víspera de los comicios electorales de los próximos tiempos.
Otra prioridad de Zapatero, que se ha visto forzado a postergar su proyecto de reforma de financiación de las CCAA, es privilegiar "bilateralmente" a las que constituyen graneros de votos para el PSOE: Cataluña –les acaba de dar 800 millones de euros para infraestructuras– y la “deuda histórica” de Andalucía. Esta última suma la cantidad de 1.200 millones de euros, de los que ya se han anticipado 420. Pero esto ha abierto la veda para que otras regiones gobernadas por el PSOE (Aragón, Baleares, Extremadura) reclamen a Zapatero su deuda política.
Las “reformas de estructuras”
Poco a poco se alzan voces críticas frente a la orientación zapateril. Exigen “reformas de estructuras”. Son voces que expresan directamente intereses del gran capital en el largo plazo. El gobernador del Banco de España, los directivos de los principales bancos, la CEOE e incluso, según se dice, alguno de los ministros de Zapatero. En ese mismo sentido no deja de presionar la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como expuso hace mucho Grossman el proceso del capital es un ciclo infernal de periodos expansivos, crisis, reconstrucciones y nuevas crisis. Sombart definió lapidariamente la fase de la crisis como “proceso de destrucción creadora”. Esas voces críticas reprochan a Zapatero que no aproveche suficientemente la crisis para proceder a la “destrucción creadora”: para crear las condiciones estructurales de maximización del beneficio, a costa de los trabajadores, que permitan al capital auparse en un nuevo periodo expansivo.
Algunas de esas medidas tendrían efectos inmediatos: suprimir el permiso administrativo previo a los ERE, o el tope del 1% de incremento salarial en los convenios. Pero quienes las alientan, saben perfectamente que no nos sacarían de la crisis, sino que la agravarían, al aumentar el paro en el sector de trabajadores maduros y más cualificados y hundir el consumo de muchas familias. Quienes proponen abaratar el despido a 20 días por año, también son conscientes de que este cambio tampoco detendría el avance de la crisis: tal medida no se podría aplicar retroactivamente a los asalariados con contrato indefinido –este sector sólo se puede vaciar mediante los ERE, jubilaciones anticipadas, etc.–. En cuanto a los temporales, su despido no cuesta ya casi nada. Todas estas medidas están concebidas para incentivar la inversión capitalista en el momento en que irrumpan condiciones generales de relanzamiento.
Por otra parte, los grupos hegemónicos de la banca ven con muy malos ojos la disposición del gobierno a salvar mediante nuevas cataratas de fondos públicos al subsector financiero más podrido, las Cajas, en lugar de intervenirlo, sanearlo, podarlo y redimensionarlo a la baja.
Y hay, finalmente, posiciones críticas que advierten que el embalamiento del déficit público, que ya nos ha puesto “fuera de la ley” en Europa, sumado a la prolongación de la crisis que implicará nuevas ampliaciones de gasto público, y a la degradación de nuestra solvencia internacional, pueden abocarnos finalmente a mendigar planes de rescate ante organismos internacionales. Si éste fuese el caso, tales organismos no accederían a nuestro rescate sin imponer condiciones. Entre ellas no faltarían el despido libre y una severa reducción de los salarios, que Paul Krugman ha cifrado en un 15%. Esos críticos consideran que Zapatero está desperdiciando la ocasión de prepararnos para ese desenlace.
Hacia la quiebra financiera del Estado
Zapatero se resiste cuanto puede a esas presiones con el fin de mantenerse en el gobierno. Si se aviniese a las mismas precipitaría la crisis del sistema de alianzas en que se apoya. En primer lugar, su entente con los grandes sindicatos, que ya han manifestado su oposición al abaratamiento del despido y al ataque a los convenios de rama. También supondría notables dificultades para seguir financiando a las CC.AA “amigas” y para ocultar los latrocinios y corrupciones de la superestructura políticas de las Cajas. Perdería importante sectores de voto cautivo.
Por otra parte, el PP no le plantea ninguna oposición seria. Hace meses vociferaba a favor de la “reformas estructurales”. Luego ha moderado su discurso. Montoro asegura que no es momento de exigir el abaratamiento del despido. De momento, Rajoy está p´ayudar y espera que sean otros quienes se desgasten demandando las “reformas estructurales” más duras.
Por todo ello, previsiblemente Zapatero seguirá con su orientación. Se dispone a lanzar nuevos manguerazos de dinero público para los bancos y ahora para las cajas. Debe asegurar los subsidios del INEM, que ya entra en déficit. Ha de saldar la “deuda histórica” de las autonomías “amigas” (esto supone unos 20.000 millones). Destina fondos para que las grandes empresas, sobre todo del motor, escalonen los ERE. Esto significa gasto público y más gasto público y, por tanto, deuda pública y más deuda pública. Pero todo tiene un límite. Las agencias internacionales de calificación ya han rebajado la calidad de nuestra deuda pública, lo que eleva los costes de su colocación en los mercados. Hay cada vez más dudas de que puedan encontrar suficientes compradores las emisiones que el gobierno prevé colocar en la segunda mitad de 2009 y principios de 2010. Y las que lo encuentren, habrá que ver a qué precio.
Entretanto, seguirá adelante el proceso que se inició con la crisis inmobiliaria, se trasladó a la esfera bancaria y se extiende como colapso de crecientes sectores de los servicios y la industria. Como lo que viene son varios años de depresión o, en el mejor de los casos, de estancamiento, es muy probable que se llegue a la suspensión de pagos del Estado. Entonces habrá que pedir ayuda al Banco Central Europeo o al FMI. Poniéndose la venda antes que la herida, Zapatero ha hecho a este último una aportación de 3.000 millones de euros. Y como próximamente ostentará la presidencia de la Unión Europea, tendrá ocasión de enterarse de las tremendas contrapartidas que puede exigir esa ayuda.
¿El “Gran Acuerdo Nacional”?
Conforme descendemos por esa pendiente, todo es posible, incluido que Zapatero se vea forzado a anticipar las elecciones generales. Pero, tanto en este caso como en el de la continuidad de la legislatura hasta 2012, hay algo que debemos tener por seguro: ni la izquierda ni la derecha del aparato político de la monarquía pueden, por sí solas, afrontar las exigencias de la crisis ni, sobre todo, aplicar el programa de ajuste que impondrían Eurolandia o el FMI a cambio de un eventual apuntalamiento del Estado en quiebra financiera. De seguir el PSOE en el gobierno, lo haría con escasa ventaja, y con una grave dislocación de sus tradicionales alianzas y clientelas. En cuanto al PP, aun cuando accediese al gobierno en las mejores condiciones, es improbable que se atreviese, en solitario, a coger el toro por los cuernos de las "reformas de estructura". Desde luego, Aznar, contando con mayoría absoluta, debió desistir de su proyectada reforma laboral, mucho más suave que la demanda hoy por el capital.
En consecuencia, parece inevitable que el Borbón vuelva a aparecer con llamamientos a “tirar del carro”, y a un gran acuerdo que sacrifique los intereses particulares en aras del “interés nacional”. Un interés que, por lo visto, exige exclusivamente el sacrificio del pueblo trabajador y, por tanto, le hace responsable de la crisis.
Un mediocre capitalismo de rapiña
Advertimos que si el “gran acuerdo nacional” llegase a imponerse, dejaría baldados a la mayor parte de los asalariados, autónomos y pequeños empresarios. Pero no por ello relanzaría significativamente nuestra economía.
Con la excepción de algunas multinacionales que antes eran empresas públicas, el proceso de “incorporación a Europa” ha acarreado la inexistencia de enclaves industriales de los que merezca la pena hablar, así como el hundimiento de la agricultura, ganadería, pesca, etc. Como consecuencia, se ha instalado un mediocre capitalismo especializado en actividades de bajo valor añadido, por lo que las empresas sólo requieren mano de obra barata y poco cualificada y han recurrido a fondo al expediente de los inmigrantes en reemplazo de los trabajadores autóctonos. Estamos ante un capitalismo de rapiña, que cada vez tiene menos necesidad de contar con plantillas estables. Este “modelo productivo” no se puede cambiar bajo el sistema vigente; por el contrario, las “reformas estructurales” pretenden profundizarlo.
Súmese a lo anterior un sistema educativo que genera analfabetos funcionales, bajísimas cualificaciones profesionales y que, en su estructura universitaria, tiende a adaptarse a los estrechos requerimientos de un canijo capitalismo de casino. Y un Estado de las Autonomías que supone un lastre de gasto público que ningún país serio podría soportar y que impide crecientemente la movilidad laboral.
Por eso Aznar eligió el ladrillo y Zapatero siguió por ese camino, echando más leña al fuego. El ladrillo, junto al turismo y el consumo privado de productos importados, ha sido el motor económico de la última década. Una década en la que, además, han concurrido circunstancias excepcionales: liquidez abundante, fondos de la UE equivalentes al 1% del PIB cada año –para anestesiar la desarticulación de nuestra estructura productiva–, beneficios de las cuatro devaluaciones de los años 90, etc. Todas esas circunstancias, como las golondrinas de Bécquer, no volverán.
La monarquía de los banqueros es el problema; la república y el socialismo, la solución
Cuando el Partido Nacional Republicano propone la ruptura con el euro, no la concibe como un paso aislado. El abandono del euro debe ser una de las medidas a adoptar en el camino de defenestración de la oligarquía política, financiera y oligopolista que nos chupa la sangre bajo el manto de Eurolandia. Escasos serían sus resultados a largo plazo sin socialización y unificación de la banca, a la que se atribuya el papel de banco emisor y capacidad de crear dinero ex nihilo, sin socialización de la energía, sin abolición del sistema de las autonomías, sin proyecto de reindustrialización promovido desde un sector público poderoso y racionalizado, sin protección de nuestra industria, agricultura y ganadería… En suma, sin una república española encabezada por fuerzas dispuestas a instaurar un socialismo de justicia. La lucha por la misma deberá converger con la de otros destacamentos de buenos europeos, deseosos de dejar atrás a Eurolandia y su dictadura del monetariado, para instaurar una nueva Europa.