En la presente Eurolandia, vertebrada por el eje germano-francés, el gran capital financiero y oligopolista centroeuropeo impone de hecho, por la vía del monetarismo, las condiciones que sirven a sus intereses. A costa de las economías de las naciones más débiles y contando con la complicidad de los gobiernos y sectores sociales privilegiados de las mismas.

La capacidad ilimitada de emisión de moneda monopolizada por el Banco Central Europeo (BCE) ha tratado de retrasar al máximo la crisis de sobreproducción que amenaza desde hace mucho al mundo del Capital, induciendo un gigantesco proceso de crédito al consumo. En una Expaña de endeble estructura industrial, ello ha permitido a Aznar promover un descomunal boom inmobiliario, en beneficio de los bancos y de las grandes constructoras y promotoras. El PP decía que creaba riqueza; en realidad, sentaba las bases de uno de los mayores endeudamientos privados, de particulares y bancos, de todo el planeta. Zapatero ha seguido manteniendo este tongo hasta 2007, cuando una subida de los tipos de interés del BCE y un auge de la inflación han puesto fin a la fiesta.

Llegados a ese punto, la Comisión Europea (CE) y el BCE han impulsado a todos los gobiernos de Eurolandia a lanzar planes de salvamento público del sector bancario y del gran capital. El PSOE ha acatado de modo disciplinado esa orden, fielmente apoyada por el PP y demás partidos del juancarlismo y por los grandes aparatos sindicales. Pero el colosal volumen de esos planes ha elevado a la estratosfera el déficit público de los países con estructuras más frágiles –Portugal, Irlanda, Grecia y España–, a los que se nos ha llamado “cerdos” (por sus iniciales en inglés: P.I.G.S.), y a los que hoy se suma Italia.

El traspaso del endeudamiento de los bancos a las finanzas públicas –mientras los bancos seguían endeudándose con permiso del BCE– y el consiguiente disparo del sobre-endeudamiento público, empujan a todos esos Estados hacia la quiebra, que arrastraría con ellos en una reacción en cadena a sus acreedores financieros. Éstos se hallan ya aterrorizados ante el riesgo de insolvencias generalizadas y de una huída masiva de capitales hacia la compra de activos más “seguros” en moneda estadounidense,  abriéndose la vía del derrumbe del euro.

Con las recientes medidas de “intervención”, “vigilancia comunitaria” y “auditoría” de la economía griega, la oligarquía europea ha demostrado que no está dispuesta a permitir que la situación siga deteriorándose, y que va a obligar a todos los “cerdos” a adoptar los planes de austeridad que sean precisos con tal de que paguemos la deuda. Se ha terminado el tiempo de las “recomendaciones”. Comienzan las iniciativas de acción para apretarnos las  tuercas. Y ello, en virtud del artículo 121 del nuevo Tratado de Lisboa, que permite a la CE dirigir y reformular políticas públicas de calado en los países miembros, tales como las relativas al sistema de pensiones, sanidad, mercado laboral o sector servicios, entre otras. Y esto significa  draconianos programas de incremento de impuestos indirectos, reducción de los gastos sociales, desaparición de las inversiones públicas en infraestructuras, congelación de la oferta pública de empleo en las administraciones públicas, disminución drástica de los salarios en todos los sectores, abaratamiento del despido, desmantelamiento escalonado del sistema público de pensiones y de la sanidad pública…

Éstas y otras medidas suponen rematar las destartaladas economías de los citados países, dejando baldados a millones de asalariados, autónomos y pequeños y muy pequeños empresarios.

Reflejan, además, otro aspecto de profundo calado.

El pasado mes de diciembre, el BCE emitió un informe titulado «Retirada y expulsión de la Unión Europea y de la Unión Monetaria, algunas reflexiones». En él se afirma textualmente que «la soberanía nacional es un concepto obsoleto». La Europa a la que nos encaminó el franquismo y en la que nos metió a empellones el régimen juancarlista –con el único propósito de legitimarse– con Felipe González primero (Tratado de la Unión Europea), Aznar después (Tratado de Maastricht de la Unión Monetaria) y finalmente Zapatero (Tratado de Lisboa, Constitución Europea) es, desde un punto de vista social, la dictadura de una oligarquía financiera, instrumentada a través del BCE y la burocracia de Bruselas. Juan Carlos I, sus gobiernos y todos los partidos que le sirven no son más que sus cabos de varas en el territorio del llamado “Estado español”.

Ante los ultimátum de la CE, el gobierno de Zapatero se ha apresurado a presentar ante sus jefes de Bruselas el esbozo de un plan de austeridad que engloba un recorte del gasto público; el “pensionazo”, inspirado en la filosofía de trabajar más para cobrar menos, en virtud del retraso de la edad de jubilación y la ampliación del periodo que sirve para calcular las pensiones; y un proyecto de reforma del mercado laboral mediante la generalización de los contratos con despido de 33 días que aprobó el PP en 1996 para algunas categorías residuales, la prioridad a los EREs de reducción de jornada compensada mediante prestaciones por desempleo –para las que no existe ya margen presupuestario– sobre los de extinción de contrato, y la ampliación de los despidos procedentes por motivos económicos. Este proyecto de reforma laboral ha contado con el inmediato beneplácito de la patronal, de los sindicatos («de huelga general, ni hablar, sería extremo» ha dicho Méndez) y del PP, en los términos bochornosos que le son propios: «por más que no nos fiemos del Gobierno y que no confiemos en el presidente, deseamos de todo corazón que a España le vaya bien», ha dicho González Pons.

Todo ello bajo la amenaza de expulsión del euro a que alude el mencionado documento del BCE.  Con ello Eurolandia traza el guión que los Estados miembros deben difundir entre sus poblaciones para imponer los sacrificios que permitan «salir de la crisis y que no nos echen del euro».  Se trata, en realidad, de impedir la posibilidad de que alguno de los países miembros llegue a decidir, como condición básica de su reconstrucción económica, su salida de la Unión Monetaria Europea, recuperando su potestad de emitir moneda y de devaluarla según las conveniencias nacionales, dotándose así de la soberanía nacional indispensable para hacer política.

Ésta es, desde luego, la línea promovida por el Partido Nacional Republicano. Afirma en el punto 13 de su Programa: «Desacoplamiento con el sistema financiero internacional: ruptura con el euro y toda disciplina monetarista. Cancelación de todos los acuerdos suscritos en beneficio de otras naciones que han significado, de un lado, la ruina de gran parte de nuestro tejido industrial y comercial en nombre del “libre cambio internacional” y, de otro, la aceptación de cupos de producción y restricciones voluntarias a nuestra actividad económica».

Pero a nadie se le ocultará que esta conquista de soberanía nacional es imposible sin el derrocamiento del régimen antidemocrático y antisocial que nos ha convertido en los “cerdos” de Eurolandia y nos conduce a la catástrofe.